Y aquí la versión en castellano:
Una semana política que pareció un mes
No existe en todo el mundo un registro de intensidad de las semanas que vive una república. Y tampoco existe lo que podría llamarse "semanómetro", instrumento imaginario capaz de medir el pulso de la vida política de una nación de domingo a domingo.
Pero lo que parece muy claro es que, si tal aparato existiera, los indicadores de la última semana argentina serían sin duda altísimos.
Por un lado porque se cerraron
los plazos de admisión de listas para las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas
y Obligatorias), las que insólitamente provocaron febriles negociaciones e
inéditas alianzas de derechas con izquierdas y viceversa, y entre líderes partidarios
que hasta ahora la sociedad tenía por adversarios irreconciliables.
Y también porque se inundó
el país de medidas cautelares y fallos judiciales que parecieron calcados de un
mismo original, en relación con la nueva ley que convoca a la elección popular
de los miembros del estratégico Consejo de la Magistratura. Como ya parece
costumbre en la Argentina, se cuentan por decenas los jueces que creen estar
co-gobernando y entonces, a la vez que claman por la independencia judicial, se
dedican a imponer fallos políticos por encima de leyes votadas por gruesas
mayorías en el Congreso.
Por eso el notable cardúmen
de planteos y decisiones judiciales en contra de las propuestas del gobierno
superó, se diría que por goleada, a las pocas sentencias (que también las hubo)
en favor de elegir por voto popular a los miembros del Consejo que se supone va
a designar o destituir en el futuro a los jueces.
Como sea, nuevamente la
llamada "familia judicial" estuvo esta semana en el candelero de la
política, y la frutilla del postre fue el fallo redactado por la jueza electoral
María Romilda Servini de Cubría, quien decidió declarar que dicha ley es
inconstitucional, y lisa y llanamente dejó sin efecto esas elecciones.
El gobierno respondió pidiendo que por el mecanismo llamado per-saltum la Corte Suprema de Justicia sea
la que juzgue el asunto. A lo que la Corte respondió el viernes mismo dando el
sí, pero un sí que sólo significa admitir el recurso, sin pronunciarse respecto
del fondo de la cuestión.
Por el otro lado, el
imprevisible azar, o lo que Jorge Luis Borges hubiese podido llamar "el
misterioso entramado del destino" o algo así, puso en escena por lo menos
dos episodios tremendos que también conmovieron a esta nación.
Uno fue de índole privada
pero sacudió a la sociedad toda: el brutal asesinato de Ángeles Rawson, una
joven estudiante de 16 años, en Colegiales, un tradicional barrio de clase
media porteña. Un crimen inexplicable y repugnante que muchos argentinos temen
que, como tantos otros y habida cuenta de la reiterada "eficiencia"
de investigadores y fiscales de estas pampas, pueda quedar impune.
El otro episodio fue de intenso
carácter técnológico y sociopolítico: el choque de dos trenes del Ferrocarril
Sarmiento en el conurbano bonaerense, a unos 20 kilómetros del Obelisco, la
Casa Rosada y el Congreso, colisión que recuerda a la todavía cercana embestida
de otro convoy que no pudo frenar en la Estación Once el año pasado, y que
produjo más de 50 muertos. Ahora el saldo fue de tres muertos y casi trescientos
heridos, algunos graves.
Todo esto contribuyó, como
es costumbre, a la reproducción ad-infinitum
de las andanadas de acusaciones al gobierno nacional, algunas de las cuales
llegaron a alcanzar un grado de virulencia tal como si la propia Presidenta
hubiese salido a matar pasajeros cuchillo en mano.
Es claro que cada uno de los
temas de esta semana, en un país normal, hubiese sido atendido con relativa
prudencia, mayor o menor eficacia y marcados esfuerzos por serenar los ánimos.
Pero en la Argentina de hoy este tipo de cosas, contrariamente, suelen
parecerse más bien a bidones de gasolina echados a las llamas. Al menos cuando
son resultado de sainetes costumbristas como los programas de televisión de
esta semana en los que los señores Pino Solanas y Pollo Sobrero condenaban la
política ferroviaria estatal junto a algunos de los mismos políticos y ex
funcionarios que hace 20 años regalaron la red ferroviaria nacional a voraces
empresarios que simplemente aprovecharon la ocasión.
El ministro Florencio
Randazzo mostró pruebas de las refacciones a los trenes siniestrados, y dijo
que "no se puede resolver en un año lo que no se resolvió en
cincuenta". Lo cual es verdad, pero no le quita responsabilidades a un
gobierno que durante sus primeros nueve años contempló sin mover un dedo cómo
se destruía impunemente la red de ferrocariles que alguna vez fue un ejemplo
americano.
En este contexto, y por si
fuera poco, esta misma semana un Tribunal Oral condenó al expresidente Carlos
Menem a siete años de prisión por contrabando de armas a Croacia y Ecuador hace
18 años. El fallo, ejemplar, se suma a las ya muchas condenas a genocidas y responsables
de crímenes de lesa humanidad. Pero curiosamente no fue celebrado por el
gobierno sino por la oposición, y acaso no tanto por el hecho de que un
presidente constitucional peronista resulte condenado por primera vez, sino por
el aprieto en que este fallo colocó al gobierno nacional. Que también es peronista
y, aunque distanciado de Menem desde el origen, suele requerir su voto en el
Senado cuando los propios escasean. Y razón, esa misma, por la que acaso el
kirchnerismo obstaculice el desafuero del ilustre condenado.
Ya se verá, porque en
definitiva más de uno, de un lado y del otro, podrían acabar viendo en Menem
preso, si eso sucediera, acaso el adelanto de una película que no les gustaría
protagonizar algún día.
Como sea, lo más probable es que el asunto dé para largo y que sigan las
chicanas entre oposición y gobierno. Ese juego en la cornisa que parece ser, a
estas alturas, una marca de fábrica de la política argentina. •
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