Días de sombras y esperanzas para la Justicia

Mi artículo de hoy domingo, en el The Buenos Aires Herald:

http://buenosairesherald.com/article/134285/days-of-gloom-and-hope-for-justice

Y aquí la versión en castellano:

Días de sombras y esperanzas para la Justicia

El protagonismo de la Justicia en la Argentina de estos días es, por lo menos, preocupante. Aunque también esperanzador, ya que donde hay crisis hay, necesariamente, esperanza.

            La decisión de la Corte Suprema de no aceptar que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por voto popular, como dispuso la Ley votada recientemente por el Congreso Nacional, molestó muchísimo al gobierno y fue celebradísima por el sistema mediático-partidario de oposición.

            Pero el fallo del máximo tribunal aparece montado sobre por lo menos dos paradojas: por un lado se refiere a un instituto jurídico (el Consejo) que desde su creación por la reforma constitucional de 1994 ha demostrado una casi absoluta inutilidad.

            Por el otro implica que una ley votada por el Poder Legislativo resulta vetada –de hecho– por el Poder Judicial. Lo que es un absurdo constitucional porque a ningún poder le corresponde vetar las decisiones de los otros poderes (la Corte puede dictaminar la constitucionalidad de las leyes en su aplicación, pero no detener previamente su vigencia) y porque de este modo se erige en una especie de órgano supralegal.

            Claro que esto ya parece corriente desde hace algunos años. Es común en la Argentina actual ver que algunos jueces y algunas cámaras se autoatribuyen la misión de co-gobernar. Y así algunas sentencias, antes que decisiones tribunalicias, más parecen verdaderas medidas de gobierno.

            Y es verdad que muchas personas, medios y partidos justifican esto con el argumento de que ésa es la supuestamente única manera de frenar los supuestos abusos del gobierno. Pero no parecen reparar en que, aun si así fuese, estarían avalando que se combatan abusos con abusos.

            Las normas de la Constitución Nacional son inmutables y las formas tradicionales de separación de los poderes que impone, también. Y en ningún artículo la Constitución dice que esa separación significa superioridad aristocrática de ningún poder sobre los otros. Sin embargo en la Argentina es un hecho que el Poder Judicial se organizó y se sostuvo como una especie de aristocracia judicial, y así ha sido por 160 años. Pero esa antigüedad no la legitima. Al contrario, hoy es la materia central del arduo debate que la cuestiona. Y no sólo porque en los últimos dos o tres años pasó a asumir posiciones netamente políticas de confrontación con los otros poderes del Estado, sino porque además siempre fue más funcional a los intereses de los ricos que a los de los sectores populares.

            Eso, precisamente, es lo que dice querer cambiar el kirchnerismo. Del que se podrán discutir sus intenciones, su transparencia, su odioso estilo comunicacional y sus torpezas, ciertamente, pero no su agudo sentido de oportunidad y su orientación directa en favor de la inclusión social y de algunas desmonopolizaciones necesarias. Y tampoco que a todos sus cambios los legitima mediante leyes votadas por el Congreso, que es la representación popular por excelencia. Y no importa acá cuestionar a muchos de los sin dudas cuestionables legisladores, sino recordar que sólo pueden y deben ser cambiados mediante el voto popular.

            Lo cierto es que si el lector simplemente sobrevolara los titulares de los diarios porteños de esta semana que pasó, se encontraría a vuelo de pájaro con el siguiente, insólito panorama de noticias:

            • Un fallo en favor de la Sociedad Rural, que en los 90 recibió un préstamo bancario de 106 millones de dólares del Banco Provincia que luego no fue pagado ni devuelto. La Presidenta tuitea: "Hay una Cámara Federal en lo Clarín y lo Rural" y el diario La Nación pone en tapa digital: "Cristina está en contra de la Justicia".

            • El asesinato de Ángela Rawson se ha judicializado y surgen dudas sobre la causa, y si bien se elogia a la fiscal Asaro se busca, como si importara, establecer si es K o no es K.

            • Un juzgado federal en la Patagonia otorga amparo a un hombre que necesitaba cambiar 125 mil dólares para comprar una propiedad.

            • El fiscal de la causa por el choque de trenes del Ferrocarril Sarmiento dice que la responsabilidad humana es la hipótesis más firme.

            • La Asociación Justicia Legítima apoya la democratización emprendida por el gobierno nacional y dice que "esto no va a parar".

            • La diputada Elisa Carrió denuncia penalmente a la Inspección General de Justicia, mientras su colega Patricia Bullrich suma denuncias contra un hipotético "cepo informativo".

            • Después de tres meses de parálisis se reúne el Consejo de la Magistratura y entre sus primeras citaciones figuran tres jueces de causas de alto contenido político.

            • Una nueva sentencia a María Julia Alsogaray, ahora a cuatro años de prisión por peculado y defraudación.

            • La Justicia chilena, según los diarios argentinos, aceptará extraditar al ex juez Otilio Romano, fugado de Mendoza por delitos de lesa humanidad.

            • El traslado del monumento a Cristóbal Colón a Mar del Plata está demorado por un amparo judicial que suspende por ahora las obras.

            • Principal título del diario Tiempo Argentino: "La reforma judicial suma apoyos antes del fallo de la corte". Idem de La Nación: "Presiones del gobierno para que la Corte falle a su favor". En Página/12 se destaca a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó: "La fuente de autoridad reside siempre en el pueblo". Y en Clarín: "Avance contra la Justicia. Ante el inminente fallo de la Corte, el oficialismo prepara su estrategia".

            Algo está mal cuando titulares así describen, o pretenden hacerlo, el estado de un país.

            En definitiva, la Corte hizo básicamente dos cosas: los consejeros jueces, abogados y académicos seguirán siendo elegidos por sus pares, no por el voto popular; y tampoco se modifica el sistema de mayorías de dos tercios que la reforma preveía para el Consejo. Y lo hizo a su modo sobrio y como ajeno, si bien la sonrisa del Presidente Dr. Lorenzetti resultó ambigua.

            Del otro lado, lo que el gobierno pretende es acabar con el sistema semifeudal de prácticas arcaicas, estilos virreinales y formalismos absurdos que distorsionan la impartición de una justicia igualitaria y equitativa.

            Y falta todavía la gran cuestión, que ni el kirchnerismo ni la oposición se atreven a tocar: el juicio por jurados, que aunque está dispuesto desde la Constitución de 1853, duerme un sueño que ningún gobierno, jamás, fue capaz de implementar.

            No son todos grandes pasos, y algunos serán cuestionados, pero indican que se camina. También en la hasta ahora intocable Justicia. Y ésa es la esperanza. •