Mi artículo de hoy en el diario The Buenos Aires Herald:
He aquí la versión en castellano:
Finalmente, y en contrario de lo que esperaba esta columna –cabe
reconocerlo– la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional en todos sus términos
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, popularmente conocida como
"Ley de Medios".
Con notable prudencia y preciso timing,
los siete jueces supremos tomaron la decisión por seis votos contra uno, y prefirieron
dar a conocer el fallo después de las elecciones del domingo 27.
El ansiado fallo desató alegrías y furias, como parece que siempre hay que
esperar en esta nación y en estos años, no sólo por lo que jurídicamente va a
significar la aplicación de esta ley sino también por los intereses que afecta.
Y en particular los del Grupo Clarín, el holding empresario más grande del
país, propietario de la mayor concentración de señales de televisión y cable y,
como es sabido, el que más resistió y hasta último momento la vigencia de esta
ley, a la que consiguió demorar por más de cuatro años, en un alarde de
capacidad de lobby judicial y decisión política dignos de mejores causas.
Como fuere, las consecuencias del dictamen de la Corte –todas previsibles y
anunciadas desde hace mucho tiempo– no deberían ser ni asombrosas ni difíciles
de aplicar aunque, es verdad y por lo que se ve en los primeros días, no parece
sencilla su implementación.
Lo primero que hizo Martín Sabbatella, titular de la autoridad de
aplicación (Afsca), fue presentarse ante la empresa para comunicar el inicio
del proceso de adecuación de oficio a los parámetros establecidos por la ley. La
respuesta empresarial, a regañadientes, consistió en emitir un comunicado en el
que afirma que “el Gobierno decidió avanzar de facto” y “al margen de lo
establecido por la ley y por el propio fallo” de la Corte Suprema.
Según ellos, Sabbatella se presentó ante el grupo forzando un procedimiento
de oficio "abiertamente ilegal" puesto que "las normas de
adecuación estuvieron totalmente suspendidas para la compañía" a raíz de
medidas cautelares. Interpretando que por el fallo de la Corte "deben
regir para el Grupo Clarín las mismas condiciones, alternativas y posibilidades
que tuvieron el resto de los grupos de medios”, y dando vuelta la cuestión,
acusaron a la Afsca de "desconocer" el fallo de la Corte y al
Gobierno de "avanzar contra las escasas voces independientes que quedan en
la Argentina”.
Claro que "independientes" del Rey de España, podría ironizarse,
porque seguir resistiendo sólo confunde ante la sociedad la esencia del asunto:
la decisión de la CSJ es claramente jurídica y dá validez imperativa a una ley
constitucional. Por consiguiente, ahora todas las interpretaciones políticas
y/o comunicacionales deben ser colocadas en un inmediato segundo plano.
De ahí que la insistencia del grupo afectado en que “no está garantizada la
libertad de expresión” no es más que “un dislate procesal”, como señaló el
reconocido constitucionalista Eduardo Barcesat. Y por lo mismo resultó exótica
la presentación de un grupo de diputados nacionales alineados con el macrismo
capitalino y encabezados por Federico Pinedo y Patricia Bullrich, pidiendo a la
Corte Suprema la “suspensión de la sentencia”, o sea la misma que ha dictado esa
misma Corte, “hasta tanto no estén garantizados el cumplimiento de la libertad
de expresión y de prensa”.
Y es que más allá de interpretaciones, argumentaciones o recursos
verborrágicos, lo que hay sobre el escenario es una ley que sancionó el
Congreso de la Nación luego de haber sido discutida amplia, exhaustiva y
democráticamente en todo el territorio nacional por decenas de organizaciones
sociales y profesionales, compartida por los más diversos sectores de la
sociedad a través de encuestas y compulsas, y finalmente aprobada por amplia
mayoría y participación de casi todos los partidos políticos en ambas cámaras.
Ésa es la ley que la Corte Suprema acaba de decir que debe cumplirse.
Es muy peligroso, desde todo punto de vista democrático, que por las
razones que fueren, los argumentos que se busquen y por retorcidos que estos sean,
se exhorte a incumplir con una ley. La cuestión trasciende a los legisladores
de la oposición –no todos, afortunadamente, sólo algunos y acotados
ideológicamente– y es de esperar que el mal ejemplo no cunda y se serenen las
aguas.
De lo contrario, estaremos ante llamados directos a la subversión, que no
otra cosa es la desobediencia de la ley. Las leyes en las democracias están
para ser cumplidas. No hay razón válida para las desobediencias, que pueden
conducir a peores caminos e incitar a la violencia. Insistir en el
incumplimiento suena más bien a provocación, y más allá de los intereses
empresarios que puedan ser afectados, el interés superior de la nación está siempre
por encima, y si así lo ha juzgado la Corte Suprema de Justicia, pues sólo
queda el estricto cumplimiento, sin más discusión.
Toda otra salida es, en esencia y aunque no se la llame así, golpista. O destituyente,
como se dice ahora pero significando lo mismo. Ya no se trata de seguir esgrimiendo
argumentos jurídicos, ni hay lugar para ellos por encima de la interpretación y
fallo final de una Corte Suprema que en el sistema republicano es la máxima, última
instancia y autoridad. Gusten o no sus decisiones, no queda más que cumplirlas.
Y no sólo los supuestamente afectados deben hacerlo, sino también el poder
público, o sea el gobierno, que ahora no tiene otro camino que asegurar la aplicación
de la ley.
De manera que ya no hay que nada que negociar, y por eso en esta cuestión
no está en debate ninguna supuesta "libertad de expresión". Como
tampoco están en juego la libertad empresarial ni las garantías
constitucionales a la propiedad privada. Se trata de la lisa y llana adecuación
de una empresa a los términos de una ley, y lo mejor que puede pasar es que eso
se haga rápido y en paz.
Incluso si se va a discutir después –como la misma Corte lo ha admitido–
la cuestión del reparto de la pauta
oficial o de cualquier otro beneficio, los medios de comunicación deberán tener
altura moral para sus reclamos. Y el camino para ello no es la desobediencia de
la ley.
Cualquier argucia es hoy antidemocrática y este país se hartó de ello.
Justo cuando la sociedad entera recuerda que hace 30 años el Presidente Raúl
Alfonsín predicó la Constitución Nacional, puede afirmarse que cualquier
tramoya, por el gobierno o la oposición, será un recurso canalla.
La desobediencia, cualesquieran sean sus argumentos, trasciende hoy lo
jurídico. Se trata, más bien, de una ofensa a la inteligencia y a la vocación
democrática de una nación. •
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