Mi nota de hoy domingo en el The Buenos Aires
Herald
http://buenosairesherald.com/article/139668/of-ideologies-and-supreme-courts
http://buenosairesherald.com/article/139668/of-ideologies-and-supreme-courts
He aquí la versión en castellano:
Sobre ideologías y cortes supremas
Para muchas personas
el problema de la Argentina hoy es la polarización ideológica que, piensan,
impera en todos los órdenes y se expresa en un estado confrontativo que no le
hace bien a nadie. Cierto esto último –es arduo y odioso vivir en estado de
alerta permanente– habría que ver cuán genuina es una confrontación que más
parece un juego en el que los opositores confrontan al gobierno diciendo que el
gobierno confronta, mientras éste dice lo mismo de la oposición.
Más interesante, y
serio, es analizar los contenidos reales de la diferencia, para algunos
irreparable, que estaría partiendo en dos a la sociedad argentina. Para ello
basta con revisar las bases ideológicas del enfrentamiento, pero teniendo en
cuenta que, jamás hay que olvidarlo, en Democracia todas las ideas caben y toda
diferencia debe ser contenida antes de ser batalla.
Hace un par de
semanas, cuando el Presidente de la Sociedad Rural inauguró la tradicional
exposición agroganadera anual, evidenció en su discurso esa polarización
ideológica que vive, si no todo el país real, sí la dirigencia argentina. Lo
que el señor Luis Etchebehere dejó en claro fue el modelo político al que adhiere
una importante porción de dirigentes criollos, en discrepancia con el modelo que
impulsa el actual gobierno nacional.
Proyectos por
completo diversos, el de Etchebehere es mucho más conocido, aunque parezca
extraño, que el del kirchnerismo. Y es que la SRA impulsa, de hecho, el mismo modelo
económico que impuso en 1976 la Dictadura y luego perfeccionó el menemismo en
los 90. Sus aspectos centrales son, en síntesis, los siguientes: liberalización
absoluta del mercado, enfriamiento de la economía, rol preponderante de la
banca, reprimarización y reprivatización de la economía, recortes en el gasto
público, disminución de salarios y eventuales despidos, no intervención del
Estado salvo para reprimir protestas sociales que puedan surgir.
Claro que estas
ideas no siempre son expresadas con la sinceridad con que lo hizo Etchebehere,
acaso porque es presumible que no recogerían los votos suficientes para
alcanzar el máximo poder republicano. Y aquí cabe recordar a Carlos Menem
cuando, ya en el poder, dijo: “Si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me
votaban”. Pero más allá de eso, y guste o no, lo cierto es que este
ideario tiene una enorme vigencia en todas las clases sociales y múltiples
expresiones partidarias con y sin representación parlamentaria.
Por su lado, el kirchnerismo
actualmente en el gobierno impulsa todo lo contrario: control del mercado, economía
caliente, limitaciones moderadas a la banca, fuerte inversión pública, aumentos
de salarios y paritarias, estímulos a la reindustrialización y re-estatizaciones
como las de Aysa, el Correo, Aerolíneas Argentinas e YPF, junto con medidas de
inclusión social como la Asignación Universal por Hijo, la fuerte inversión en
Educación y la creación de Universidades Públicas. Y todo ello, a la par de leyes
como las de Matrimonio Igualitario o Fertilización Asistida, la Ley de Medios
de Comunicación Audiovisuales y las ya instaladas políticas de Memoria, Verdad
y Justicia. Todo lo cual afecta intereses reales, y por lo tanto,
necesariamente implica afrontar conflictos.
Esta semana todo esto dominó las audiencias públicas
convocadas por la Corte Suprema de Justicia, que preparó incluso una batería de
preguntas que respondieron los
representantes del Estado y del Grupo Clarín, único remiso a someterse a la Ley
de Medios. Devenido asunto contencioso entre dos partes, las audiencias fueron
interesantes porque allí el Estado defendió la “pluralidad de voces y la
desconcentración mediática”, mientras Clarín argumentó defendiendo la
“sustentabilidad de la empresa”. Entre las opiniones notables estuvieron la de
Frank William LaRue, relator especial de Naciones Unidas para la Promoción y
Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, abiertamente a
favor de la plena vigencia de la Ley. Y del otro lado Eliseo Verón, veterano académico
comunicacional que abogó vigorosamente por el Grupo Clarín.
Ahora será el turno del
fallo, que es muy probable que esté sometido a la misma contienda ideológica. Y
que, en opinión de quien firma esta nota, será en el mejor de los casos
salomónico. Porque luego de la inexplicable demora (la Corte dejó pasar cuatro años sin
definirse), es previsible que ahora tendrá en cuenta la coyuntura más que nunca.
Lo que no es bueno, y menos para el máximo tribunal, pero no es descartable que
suceda. De ahí la especulación de que la Corte va a fallar (nunca tan ponderado
el verbo) dándole un poquito a cada uno.
El
riesgo de que esto suceda es que nadie quedará conforme. Por ejemplo, si la
Corte dispusiera que Clarín debe abrir sus grillas de cable y eliminar limitaciones
a todos los otros canales, pero desestimando la reducción empresarial que
dispone la Ley.
Si
así lo hiciere, la Corte estaría garantizando la protección a los intereses
económicos de una parte. Pero sobre todo y más grave, como ya en otros medios
ha sostenido quien firma, la Corte, más que juzgando, estaría legislando. O peor:
re-legislando al "corregir” leyes del Congreso.
Y por si le faltaran sal y
pimienta a esta semana, se conocieron detalles del fallo norteamericano en
favor de los llamados fondos buitres. La decisión de la Cámara de Apelaciones de New York, adversa para la Argentina, está ahora pendiente de ser
aceptada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. El gobierno argentino
respondió velozmente anunciando la reapertura del canje por vía legislativa, lo
que recogió apoyos en todo el espectro político, incluso entre opositores
recalcitrantes. La reapertura del canje de deuda, sin fecha de cierre para la
operación, es una señal de buena voluntad hacia el máximo tribunal, y a la vez intenta sosegar temores bien
fundados. Por eso la respuesta del gobierno fue tan rápida: porque busca
recuperar la jurisdicción nacional para el pago de todas las obligaciones. Y algo funcionó, parece, porque los fondos buitres
suspendieron velozmente la audiencia que habían pedido al juez Thomas Griesa.
Todo está, ahora, en estudio. Si el Congreso Nacional
decide que se realicen los pagos en territorio argentino –muchos legisladores
opinan que así debió ser siempre– muchas cosas cambiarían. Final abierto,
también, para este partido. •
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