Dicen, en el Sur, que las torres de perforación mediante el método llamado
fracking ya no se detendrán. Y seguirán temblando los suelos. Así lo muestra un mail que circula, en el que se ve una mujer mapuche de la comunidad Campo Maripe que llora ante el fenómeno y dice: "Siento ese ruido y veo lo que le hacen a la tierra, y es como si me perforaran el cuerpo a mí".
Al otro lado del país, en el Chaco, la Presidenta celebró el acuerdo alcanzado con la empresa estadounidense Chevron y criticó a los que ahora se oponen pero "cuando Repsol se llevaba toda la guita, no se quejaban".
El olor a petróleo, una vez más, parece marear a los actores de la política argentina. Y es de esperar que prime la sensatez, esa nostalgia. Porque el convenio Chevron-YPF va a necesitar tiempo hasta ser comprendido en su real dimensión. Ni parece una maravilla como señala el gobierno; ni promete el horror que apunta en su habitual coro la oposición. Y es que no se conocen todavía los contenidos exactos del acuerdo, que obviamente está lleno de claroscuros puesto que la situación hidrocarburífera argentina lo está. Al menos desde que el gobierno de Carlos Menem prácticamente liquidó YPF y luego la española Repsol la vació año a año.
Lo cierto es que esta semana estuvo signada por el siempre mágico, aunque enturbiante, olor a petróleo. Y a la manera argentina, no se habían secado las tintas de los firmantes cuando ya se denunciaba una “estafa”, se repudiaba la "falsa estatización de YPF" o la "entrega de nuestros bienes naturales". Así manipulación, vaciamiento e impericia fueron argumentos en contra del convenio, críticas asentadas en el hecho sugestivo de que hace apenas un mes, a pedido de la Procuradora Nacional y a través de un rápido fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de Chevron, se levantó el embargo que pesaba sobre esa empresa condenada en Ecuador a una indemnización de 19.000 millones de dólares por daños ambientales comprobados.
En la lucha periodística que se desató, la Presidenta acusó desde otro flanco y en su estilo cada vez más directo: "Esperaban que YPF fuera un fracaso para luego volverla a manos privadas”. Y algo de razón parece asistirla a la hora de firmar un decreto que abre las puertas a la ansiada inversión extranjera, pero sin privatizar. Pequeño y gigantesco detalle que marca diferencias conceptuales en el manejo de los bienes públicos.
Por decreto, el gobierno estableció un nuevo régimen de promoción de inversiones petroleras según el cual, sintéticamente, las empresas que inviertan 1.000 millones de dólares en un proyecto hidrocarburífero podrán comercializar sin retenciones el 20 % de lo producido a partir del quinto año de iniciada la inversión. Además, podrán disponer libremente de las divisas de la exportación de ese porcentaje de crudo y gas. Esa regulación rige para todas las empresas con concesiones en el país.
La oposición de centroizquierda denunció entonces la “reprivatización” de YPF. La derecha peronista y el macrismo cuestionaron "las concesiones a una empresa extranjera". Y todos denunciaron cláusulas confidenciales en el acuerdo, mientras los extremo-izquierdistas de Quebracho quisieron ocupar violentamente la sede de YPF. Y en Vaca Muerta grupos mapuches también ocuparon, aunque en paz, un par de pozos.
Las protestas iniciales fueron convocadas por la Confederación Mapuche Neuquina y otras comunidades, junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel y una de las Madres de Plaza de Mayo, la histórica Nora Cortiñas. Sus objeciones se basaron en los malos antecedentes de la empresa y en la falta de información, ausencia de debate público y el nocivo secreto en que se firmó el convenio. Una tara ya habitual en el gobierno kircnherista, que al menos en materia minera siempre se maneja del mismo cuestionable modo.
Ya sucedió cuando la Ley de Glaciares o cuando la vista gorda ante las depredaciones que hoy padecen San Juan y otras provincias cordilleranas. El problema no es negarse "a la minería" –como piensa la Presidenta–; el problema es la acción devastadora e inmoral de "las grandes mineras". Esas compañías gozan de exenciones groseras, absoluto descontrol ecológico y encima se llevan fabulosas ganancias de nuestro territorio a cambio de ridículos impuestos. Lo cual, y también hay que decirlo, sólo inspira un vergonzoso silencio a la casi totalidad de la oposición argentina, que en esto sí –escandalosamente– coincide con el gobierno.
En el fondo de todo, cabe subrayarlo, está la desastrosa gestión anterior, que convirtió a la Argentina en importador neto de combustibles, por primera vez en la historia tras haber sido siempre un país exportador. Seguramente por eso la Presidenta reclamó un acuerdo a los candidatos de las próximas elecciones para que se comprometan a no volver a privatizar los recursos naturales y a defender otras medidas como la estatización de Aerolíneas Argentinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Más allá del debate abierto, el convenio prevé que Chevron ponga el capital, mientras YPF aportará mano de obra y la operación del área con el asesoramiento del socio. “Si la experiencia sale bien, va a significar un aumento muy importante en la producción de YPF”, sostuvo el viceministro Axel Kicillof, de quien se dice que fue uno de los más duros negociadores del acuerdo. La hipótesis del funcionario se debería a que ésta parece la prueba piloto de una nueva política petrolera. El Gobierno ensaya un nuevo modelo de estímulos a la inversión privada para atraer capitales y tecnología, porque necesita extraer mucho petróleo y la única respuesta rápida parece estar –creen ellos– en la formación geológica Vaca Muerta y en la explotación por métodos no convencionales. Eso cuesta miles de millones de dólares y una tecnología que YPF hoy no garantiza.
Quienes están de acuerdo con avanzar sostienen que es absurdo pensar siquiera en soberanía energética cuando hay déficit de combustibles y el recurso sigue bajo tierra pero somos ahora un país importador. Además, Vaca Muerta va a costar 40.000 millones de dólares en los próximos 10 o 15 años, un capital que la Argentina no tiene.
Quienes argumentan que Chevron sólo aceptó porque la Corte Suprema le perdonó el embargo y los beneficios que consigue son extraordinarios, sostienen, también, que las técnicas de perforación no convencionales son cada vez más resistidas en el mundo por su fuerte impacto ambiental. Y que por eso Argentina debería apuntar al desarrollo de nuevos pozos con tecnología tradicional, explotar la plataforma marítima y sobre todo invertir en los otros, muchos y extraordinarios recursos "limpios" que tenemos: energía eólica, geotérmica y solar.
Lo que queda claro es que todo sigue confuso. Y sobran las opiniones grandilocuentes al menos hasta que se conozcan todos los detalles, lo que se llama "letra chica". Que es donde suelen esconderse las trampas de toda ley. Pero para eso hay que enfriarse y estudiar los textos, y recuperar cierto sentido nacional que parece perdido. Aunque quizá eso sea pedir demasiado a ciertos políticos vernáculos. •
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