DROGAS: UNA INICIATIVA PARA EL DEBATE

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DROGAS: UNA INICIATIVA PARA EL DEBATE

Documento de Convergencia

Hace ya más de un año se presentó un documento de convergencia entre representantes de diversas corrientes políticas y experiencias profesionales, referido al problema de las drogas, con la intención de promover una discusión pública seria respecto a un tema tan delicado. De ese debate plural surgieron otros textos más breves que, junto al documento referenciado, pueden consultarse en el sitio cuestiondrogasargentina.blogspot.com. Como observamos que a pocos meses de las elecciones para autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo el nivel y alcance de tratamiento de la cuestión es francamente decepcionante, los abajo firmantes queremos insistir en fijar nuestra postura y reclamar un debate más informado y menos superficial sobre este asunto.

Diversas voces de la sociedad argentina y desde el Estado han expresado, con distinta intensidad y propósito, la inquietud que despierta en la ciudadanía el fenómeno de las drogas. En esa dirección, nos parece importante contribuir con un aporte conceptual y propositivo en la materia. Nos motiva únicamente la convicción de que es hora de discutir seriamente sobre el tema pues la negación o tergiversación del mismo solo alienta a los que, con una agenda preconcebida basada en el temor, la ignorancia y la ampulosidad, pretenden instaurar una estrategia de “guerra”, en la que tendrían un lugar protagónico las FFAA, en contraposición con la legislación vigente.

Premisa

A la fecha la Argentina no posee un diagnóstico integral del fenómeno de las drogas. Por diagnóstico integral entendemos la existencia y disposición en todos los niveles del Estado de un conocimiento institucional exhaustivo, sistemático y actualizado del fenómeno de las drogas. Ese no es el caso de nuestro país donde desgraciadamente ha prevalecido la presunción, la intuición y la improvisación en la materia. Urge que cualquiera sea el gobierno que asuma el 10 de diciembre, éste se aboque a llevar adelante estudios e informes rigurosos y basados en la evidencia en torno a las drogas, a coordinar su socialización en todo el aparato estatal y a divulgarlo al conjunto de la sociedad para concitar su legitimización.

Principios

1. El énfasis de toda política pública hacia las drogas no debe localizarse en la sustancia propiamente dicha sino que debe colocarse en la ciudadanía, su bienestar, cohesión y convivencia en el marco de un sistema democrático. La atención del Estado y de la sociedad debiera situarse en comprender y reducir los factores de vulnerabilidad de las personas.

2. Resulta clave comprender que, de hecho, la mejor manera de enfrentar esta problemática es tanto una sensible política hacia las drogas como una buena política pública en materia de educación, empleo, salud, juventud, derechos humanos, justicia, entre otras. Las drogas son un síntoma de algo mucho más hondo y su eventual superación requiere afrontar los dilemas y retos estructurales que lo nutren y multiplican.

3. La legislación argentina –más allá de las críticas que sin duda merece la ley de estupefacientes-, no contempla ni favorece la “guerra a las drogas”. Prevé el apoyo de las FFAA a las operaciones de seguridad interior a través de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones, transporte, ingenieros y comunicaciones. Los elementos de combate de las fuerzas militares están especialmente adiestrados para la utilización de la violencia en un grado extremo, por ser ésta una característica inherente de la guerra y carecen de capacitación para actuar bajo las órdenes de jueces y fiscales. Por el contrario, los integrantes de las fuerzas de seguridad son instruidos para la prevención del delito y entrenados para utilizar la violencia como un último recurso, aplicando criterios de razonabilidad y escalamiento en el eventual uso de la misma. Además, están formados para desempeñarse bajo la conducción de funcionarios judiciales. Consecuentemente, la participación de fuerzas de combate frente a los problemas de seguridad pública solo puede deparar los desgraciados resultados en términos de violencia y abusos que se observan en otros países de América Latina, algunos de los cuales en reconocimiento de las circunstancias descritas han comenzado a ensayar otro tipo de respuestas, como testimonia la reciente creación de un cuerpo de Gendarmería en México.

4. Ante la comprobada imposibilidad de alcanzar una única, implacable y rápida solución al fenómeno de las drogas es importante tener en cuenta que la alternativa más aconsejable pareciera ser desplegar con flexibilidad un conjunto de iniciativas de mediano y largo plazo. Este modo de aproximación debe atender  la problemática de cada sustancia según en su propia singularidad y efectos  sanitarios, sociales y económicos. El desarrollo de políticas de regulación modulada, según las características de cada narcótico, resulta imprescindible si se aspira a contener, y eventualmente revertir, las manifestaciones más deletéreas del problema de las drogas.

5. La extensión y consolidación de la legalidad y la estatalidad debiera estar en el centro de toda estrategia sobre las drogas. El narcotráfico y el crimen organizado se nutren de la ilegalidad y se fortalecen con la ausencia estatal. Sin ley y sin Estado prosperan poderosos actores violentos que se enraízan socialmente mediante la regulación mafiosa de los negocios ilícitos.

6. Los efectos socialmente más dañosos del problema de las drogas, como por ejemplo la extrema violencia asociada a la apropiación y el control del negocio ilegal así como la corrupción y descomposición de las instituciones públicas, no surgen como efecto directo de los narcóticos sino de los fallidos intentos represivos dirigidos a eliminar esos mercados ilícitos. 

7. Una equívoca política de abordaje al fenómeno de las drogas genera más problemas que soluciones; lo cual exige evaluar permanentemente los efectos nocivos y las consecuencias no buscadas de la lucha contra los narcóticos. Al hacerlo es fundamental examinar los costos y beneficios de la estrategia vigente así como los de las opciones alternativas.

Propuestas

Con base en experiencias mundiales que ya se conocen y hasta tanto se cuente con un diagnóstico integral como el mencionado, puede resultar conveniente un debate más plural en torno a lo siguiente:

1. En la ecuación entre políticas de control de la oferta y políticas de reducción de la demanda, las segundas son mucho más eficaces y menos onerosas para hacer frente a la cuestión de las drogas. La Argentina ha tenido por años una prioridad errada al dedicar masivamente más dinero para lo primero. Nos parece esencial repensar el destino de los recursos públicos asignados a la superación del fenómeno de las drogas, redireccionando el esfuerzo fiscal a la prevención, la detección precoz y el tratamiento (desintoxicación, ambulatorio, residencial, semiresidencial) de los usuarios problemáticos de drogas.

2. Ante la disyuntiva de involucrar a las fuerzas armadas en tareas para las que no están profesional y doctrinariamente preparadas o mejorar los sistemas de inteligencia criminal para identificar, evaluar y eventualmente neutralizar el delito organizado, la segunda opción resulta más ventajosa en términos funcionales y presupuestarios. La experiencia de los países de la región que han apelado a las fuerzas militares para enfrentar este problema, muestra una dudosa eficacia respecto al control de la oferta de narcóticos, pero invariablemente han provocado un aumento en los niveles de corrupción, violencia e irrespeto por los derechos humanos. La Argentina, que supo construir con un amplio consenso pluripartidario una taxativa diferenciación funcional en las responsabilidades de sus fuerzas armadas y de las de seguridad, no debiera tentarse por los cantos de sirena que estimulan la militarización del problema. Para tal fin, consideramos esencial robustecer la capacidad anticipatoria y disuasiva del Estado en materia de inteligencia criminal.

3. Frente al dilema de concentrarse en los eslabones más débiles en la cadena de las drogas o aglutinar esfuerzos institucionales para perseguir la criminalidad organizada, la segunda opción es más compleja pero también más decisiva para minimizar los efectos del lucrativo negocio de los narcóticos. Las autoridades, tanto en el nivel federal como provincial, se han dedicado, sin mucho éxito a criminalizar a consumidores y pequeños vendedores y contrabandistas (muchos de ellos gente pobre que ingiere cápsulas). Nos parece esencial que la Argentina enfoque la mayor parte de su política anti-drogas en la investigación y desarticulación de las grandes bandas de narcotraficantes y en quienes les otorgan protección política y policial; como también en los gerentes que utilizan la opacidad del sistema financiero para lavar las ingentes ganancias de este negocio, producto de niveles de rentabilidad que solo pueden explicarse por la ilegalidad misma de estos mercados.

4. En cuanto a la encrucijada entre más sanciones y medidas orientadas a combatir la sustancia misma—su uso, expendio y tráfico—y más acciones y dotación para disminuir los niveles de violencia derivados de la condición de ilicitud del fenómeno de las drogas, el segundo sendero es más promisorio para el bienestar ciudadano y la relegitimación de las instituciones públicas. El país se ha dedicado más a lo primero al tiempo que desde los noventa las manifestaciones de violencia han venido ascendiendo gradualmente, afectando principalmente a los sectores más desprotegidos y más vulnerables de la sociedad. Nos parece esencial que haya una conciencia mayor entre los dirigentes nacionales de que la reducción de la violencia no puede seguir siendo un eslogan electoral y que no se puede avanzar en la generación de confianza ciudadana sin una profunda reforma policial.

5. La ilicitud en la comercialización de determinado tipo de drogas y la regulación normativa de otras son producto del derecho positivo y por tanto pasibles de ser ajustadas en función de los costos y beneficios que pudiera entrañar dicha regulación o prohibición. Los logros alcanzados en materia de control, prevención y tratamiento en los mercados y en el consumo de alcohol y nicotina, bien podrían alcanzarse en otras sustancias. En el mismo sentido, hay experiencias no tan lejanas de los efectos deletéreos que tuvieron los conatos de control de los mercados de comercialización de alcohol. Siempre resulta bueno apelar a la experiencia internacional comparada para emular las buenas prácticas y experiencias y para no repetir errores de terceros.

En síntesis, los abajo firmantes creemos que se presenta una oportunidad inmejorable para que candidatos presidenciales y legislativos, organizaciones no gubernamentales, funcionarios en actividad, representantes de los tres poderes del Estado, sindicatos, científicos, empresarios, políticos, académicos, comunicadores, jóvenes y ciudadanos en general discutamos con franqueza y equilibrio las bases de una política pública innovadora y democrática en materia de drogas.

AGUSTÍN COLOMBO SIERRA, NICOLÁS COMINI, ENRIQUE DEL PERCIO, ALBERTO FOHRIG, ERNESTO LÓPEZ, JUAN LÓPEZ CHORNE, PABLO MARTÍNEZ, JOSÉ PARADISO, RAÚL SÁNCHEZ ANTELO, LUIS TIBILETTI, MARIA DE LA PAZ TIBILETTI, JUAN GABRIEL TOKATLIAN, JOSÉ MARÍA VÁSQUEZ OCAMPO, LUIS ABAD, CLARA ABELENDA, VICTOR ABRAMOVICH, CARLOS ACUÑA, JUAN MANUEL ALESSANDRO, ARIEL ARMONY, LEON CARLOS ARSLANIAN, LUIS AZNAR, RUBEN BAG, CELIA BELMES, MARCELO BERGMAN, JORGE BERNETTI, MARIA DEL CARMEN BIANCHI, ALBERTO BINDER, DAVID BLAUSTEIN, MARTIN BOHMER, JOSÉ O. BORDÓN, SEBASTIAN BORRO, RODOLFO BRARDINELLI, PABLO BULCOURF, MARIO BURKUN, NANCY CALVO, JAZMÍN CASTAÑO, FRANCO CASTIGLIONI, MARCELO CIARAMELLA, ANA CLEMENT, ROBERTO "TITO" COSSA, GASTON CHILLIER, EDUARDO DE LA SERNA, KHATCHIK DERGHOUGASSIAN, DANIEL DÍAZ, EDUARDO DVORKIN, ARNOLDO EDERLE, EDUARDO ESTEVEZ, ARTURO FERNANDEZ, MARÍA BELÉN FERNÁNDEZ, SANTIAGO FERNANDEZ, JORGE FLORES, ENRIQUE FONT,  RUBEN FURMAN, CARLOS GABETTA, ROBERTO GARGARELLA, NILDA GARRE, GUSTAVO GENÉ, MEMPO GIARDINELLI, ISIDORO GILBERT, ANÍBAL GUTIÉRREZ, ANA JARAMILLO, EDUARDO JOZAMI, MARIO JULIANO, GABRIEL KESSLER, FABIAN LAVALLEN, GERMAN LODOLA, ALEJANDRO LÓPEZ ACOTTO, CRISTINA LÓPEZ MEYER, MARIO LOZANO, FORTUNATO MALLIMACI, CARLOS MENASSE, JUAN L. MÉREGA, CAROLINA MERA, LUIS MORENO OCAMPO, ALEJANDRO MOSQUERA, LUIS OSLER, VICENTE PALERMO, GUSTAVO PALMIERI, HERNAN PATIÑO MAYER, VERONICA PEREZ TAFFI, LUCIANA POL, NATALIA PORTA LÓPEZ, ADRIANA PUIGGRÓS, CARLOS D. RESIO, BRIGIDA RINOLDI, JESUS RODRIGUEZ, NICOLAS RODRIGUEZ GAMES, SILVINA ROMANO, JULIETA ROSTICA, JULIO RUDMAN,  MARCELO SAIN, BEATRIZ SARLO, PABLO SCHAMBER, SYLVIA SCHULEIN, ANDRES SERBIN, ANDREI SERBIN PONT, GERMÁN SOPRANO, HUGO SPINELLI, PABLO STEFANONI, HECTOR STUPENENGO, MIGUEL TALENTO, LUIS TONELLI, GRACIELA TOUZE, HORACIO VERBITSKY, PEDRO VILLAGRA DELGADO, ALEJANDRO VILLAR, MARINA VITELLI, JORGE WATTS.