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domingo, 15 de diciembre de 2013

UNA PELIGROSA EXTORSION POLICIAL

Mi nota de hoy domingo en el diario The Buenos Aires Herald:

Y aquí la versión en castellano:

Como una Semana Santa policial, violenta y peligrosa

No es sencillo analizar lo que sucedió esta semana en la Argentina. Y sobre todo no lo es porque —obsérvese esta novedad— sucedió en todo el extenso territorio nacional. Casi no hubo provincia en la que no se repitiera el chantaje policial iniciado y consentido la semana anterior en Córdoba.

Igual que hace 26 años, cuando la sublevación de oficiales del Ejército en la Semana Santa de 1987, una corporación armada puso en jaque a la república. Y no casualmente en los mismos días en que esta nación celebró los primeros 30 años de democracia ininterrumpida.

Por supuesto que es obvio que los desmanes y el vandalismo que se vieron estos días no pudieron ser casuales. Y el resultado fue atroz: más de una docena de muertos, centenares de heridos, destrozos en comercios de todo tipo y tamaño en por lo menos diez ciudades, varias de ellas capitales de importantes estados, y pérdidas valuables según cálculos iniciales en más de 600 millones de pesos. Y todo ello, debido el extorsivo acuartelamiento de las policías provinciales, desacatadas de todos los mandos, seguramente manipuladas por oscuros intereses y azuzadas por la prensa y la televisión más irresponsables e irracionales.

La tragedia argentina es sabido que tiene que ver con la violencia, eso no es nuevo. Pero poco se ha visto como esto. Todo el Siglo XIX y todo el XX estuvieron signados por crímenes y revueltas, inestabilidad y autoritarismo, y genocidios como el de la Patagonia o el de la Guerra de la Triple Alianza, por lo menos. Casi no hubo década del siglo pasado en la que no se produjeran alzamientos, rebeliones y represiones feroces, cada una con sus largos repertorios de muertos y heridos. Pero saqueos como los de esta semana, en los que policías y delincuentes eran de hecho una misma cosa, jamás.

Suena odioso incluso al escribirlo, pero ésta es nuestra historia. Es inútil negarla, o falsificarla, cuando simplemente se trata de terminar con un tipo de comportamiento social que hace estragos y provoca resentimientos feroces en cada generación.

Por eso todas las negociaciones resultaron repudiables, porque fue ni más ni menos que una extorsión y porque se asentó en las armas que las instituciones republicanas ponen en manos de decenas de miles de supuestos servidores públicos. Se trata de aproximadamente 200 mil policías, la mayoría de los cuales de pronto se encerraron aquí y allá y más allá, dejando a la población desprotegida. Y peor aún, y según muchísimas denuncias, convirtiéndose ellos mismos en agentes promotores de todo tipo de delitos.

Suena espantoso, porque lo es. Y porque a la par la sociedad fue testigo de la claudicación del sistema político, que encima premió a los sublevados con aumentos salariales que serán imposibles de pagar, lo que augura renovados conflictos en los próximos meses.

Es cierto que algunos argumentan que no había otra manera de sosegar los ánimos y parar la mano, como se dice vulgarmente. Pero el precedente que esto instala es gravísimo. ¿Quién le dirá que no a los reclamos que vendrán ahora, sean de docentes o camioneros, de empleados públicos o de empresas privadas? ¿Y aun los de los mismos policías?

"Los ataques, alevosos y premeditados, pretendían que no se pudieran celebrar los 30 años de democracia" dijo taxativamente el jefe de Gabinete Jorge Capitanich. Nada más cierto, a la luz de lo acontecido. Pero también nada más frustrante, porque la celebración se hizo igual y como un modo de no aceptar el chantaje de la violencia, lo cual fue comprensible, pero el festejo resultó ensombrecido porque en paralelo continuaba la horrorosa fiesta de violencia que seguían protagonizando los sectores más bestializados de la sociedad.

Por supuesto, como destacó la Presidenta en su discurso de celebración de los 30 años, "solamente en democracia podrán hacerse los cambios necesarios". Así condenó los saqueos y “la extorsión de los que portan armas para defender a la sociedad”, se solidarizó con los afectados y llamó a democratizar las policías provinciales. Todo muy bien, pero no explicó cuáles serán los modos y caminos para ello. Que ése es el gran desafío de este tiempo. ¿Cómo cambiar la mentalidad y la práctica de los policías de todo el país, que son decenas de miles de ciudadanos armados que vienen de los niveles socioculturales más bajos, con poca y mala educación y muchísimos de ellos militarizados más por huir de la pobreza y la marginación que por auténticas vocaciones?

Esa realidad en algún momento iba a estallar, y quienes lo venían subrayando —en realidad, muy pocos, y entre ellos este columnista— parecían predicar en el desierto. Como lo hizo hace una década el jurista León Carlos Arslanian en la Provincia de Buenos Aires, cuando puso en marcha la propuesta más seria al respecto pero enseguida truncada por intereses políticos y mafiosos que frustraron aquel proceso de regeneración integral de la policía bonaerense, popularmente conocida como "la maldita policía".

A todo esto, y paradójicamente, el rumbo del país no se perdió y hasta hubo algunas buenas noticias: como corolario de arduos acuerdos con el FMI, el jefe de Gabinete anunció el debut del nuevo sistema de medición de precios que se estrenará en febrero próximo. Lo que puedes ser un hito en el combate contra la inflación y que se combina con el anuncio del titular de YPF, Miguel Galuccio, y del presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, de un nuevo bono de YPF para inversores minoristas, del cual se espera que tenga igual o mayor éxito que el anterior.

Claro que nada de lo bueno alcanza cuando la piel de la república está tan irritada y algunas pocas cosas están claras: la primera es que toda violencia es repudiable y la Argentina debe seguir encarando frontalmente el proceso de abandono de prácticas autoritarias. La segunda es la urgencia de modificar el sistema policial en todo el país, garantizando la educación integral de los policías, su profesionalización y jerarquización en un sistema democrático. Y la tercera, la más trascendente, es que este país debe terminar definitivamente con ese ominoso 6 o 7 % de su población (unos tres millones de personas, como mínimo) todavía sumergida en la pobreza y la indigencia. Es una porción posiblemente minoritaria, pero son personas, y personas desesperadas que todavía viven en condiciones infrahumanas y, como se ha visto estos días, son carne de cañón de mafias violentas y corporaciones autoritarias.

Y es que sin solución humanitaria que dignifique esas vidas, no habrá solución política para este país. Bien harían las dirigencias, en el gobierno y en la oposición, si tomaran nota de ello y empezaran a ocuparse de manera veloz y consistente. •
  

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