He firmado este documento:
DROGAS: UNA INICIATIVA PARA EL
DEBATE
Documento de Convergencia
Hace ya más de un año se presentó un documento
de convergencia entre representantes de diversas corrientes políticas y
experiencias profesionales, referido al problema de las drogas, con la intención
de promover una discusión pública seria respecto a un tema tan delicado. De ese debate plural surgieron otros textos más breves
que, junto al documento referenciado, pueden consultarse en el sitio cuestiondrogasargentina.blogspot.com. Como observamos que a
pocos meses de las elecciones para autoridades de los poderes Ejecutivo y
Legislativo el nivel y alcance de tratamiento de la cuestión es francamente
decepcionante, los abajo firmantes queremos insistir en fijar nuestra postura y
reclamar un debate más informado y menos superficial sobre este asunto.
Diversas
voces de la sociedad argentina y desde el Estado han expresado, con distinta
intensidad y propósito, la inquietud que despierta en la ciudadanía el fenómeno
de las drogas. En esa dirección, nos parece importante contribuir con un aporte
conceptual y propositivo en la materia. Nos motiva únicamente la convicción de
que es hora de discutir seriamente sobre el tema pues la negación o tergiversación
del mismo solo alienta a los que, con una agenda preconcebida basada en el
temor, la ignorancia y la ampulosidad, pretenden instaurar una estrategia de
“guerra”, en la que tendrían un lugar protagónico las FFAA, en contraposición con
la legislación vigente.
Premisa
A la fecha
la Argentina no posee un diagnóstico integral del fenómeno de las drogas. Por
diagnóstico integral entendemos la existencia y disposición en todos los
niveles del Estado de un conocimiento institucional exhaustivo, sistemático y
actualizado del fenómeno de las drogas. Ese no es el caso de nuestro país donde
desgraciadamente ha prevalecido la presunción, la intuición y la improvisación
en la materia. Urge que cualquiera sea el gobierno que asuma el 10 de diciembre,
éste se aboque a llevar adelante estudios e informes rigurosos y basados en la
evidencia en torno a las drogas, a coordinar su socialización en todo el
aparato estatal y a divulgarlo al conjunto de la sociedad para concitar su legitimización.
Principios
1. El
énfasis de toda política pública hacia las drogas no debe localizarse en la
sustancia propiamente dicha sino que debe colocarse en la ciudadanía, su
bienestar, cohesión y convivencia en el marco de un sistema democrático. La
atención del Estado y de la sociedad debiera situarse en comprender y reducir
los factores de vulnerabilidad de las personas.
2. Resulta clave comprender que, de hecho, la mejor manera de
enfrentar esta problemática es tanto una sensible política hacia las drogas
como una buena política pública en materia de educación, empleo, salud,
juventud, derechos humanos, justicia, entre otras. Las drogas son un síntoma de
algo mucho más hondo y su eventual superación requiere afrontar los dilemas y
retos estructurales que lo nutren y multiplican.
3. La legislación argentina –más allá
de las críticas que sin duda merece la ley de estupefacientes-, no contempla ni
favorece la “guerra a las drogas”. Prevé el apoyo de las FFAA a las operaciones
de seguridad interior a través de sus servicios de arsenales, intendencia,
sanidad, veterinaria, construcciones, transporte, ingenieros y comunicaciones.
Los elementos de combate de las fuerzas militares están especialmente
adiestrados para la utilización de la violencia en un grado extremo, por ser ésta
una característica inherente de la guerra y carecen de capacitación para actuar
bajo las órdenes de jueces y fiscales. Por el contrario, los integrantes de las
fuerzas de seguridad son instruidos para la prevención del delito y entrenados
para utilizar la violencia como un último recurso, aplicando criterios de
razonabilidad y escalamiento en el eventual uso de la misma. Además, están
formados para desempeñarse bajo la conducción de funcionarios judiciales.
Consecuentemente, la participación de fuerzas de combate frente a los problemas
de seguridad pública solo puede deparar los desgraciados resultados en términos
de violencia y abusos que se observan en otros países de América Latina,
algunos de los cuales en reconocimiento de las circunstancias descritas han
comenzado a ensayar otro tipo de respuestas, como testimonia la reciente
creación de un cuerpo de Gendarmería en México.
4. Ante la comprobada imposibilidad de alcanzar una única, implacable
y rápida solución al fenómeno de las drogas es importante tener en cuenta que
la alternativa más aconsejable pareciera ser desplegar con flexibilidad un
conjunto de iniciativas de mediano y largo plazo. Este modo de aproximación
debe atender la problemática de cada
sustancia según en su propia singularidad y efectos sanitarios, sociales y económicos. El
desarrollo de políticas de regulación modulada, según las características de
cada narcótico, resulta imprescindible si se aspira a contener, y eventualmente
revertir, las manifestaciones más deletéreas del problema de las drogas.
5. La extensión y consolidación de la legalidad y la estatalidad
debiera estar en el centro de toda estrategia sobre las drogas. El narcotráfico
y el crimen organizado se nutren de la ilegalidad y se fortalecen con la
ausencia estatal. Sin ley y sin Estado prosperan poderosos actores violentos
que se enraízan socialmente mediante la regulación mafiosa de los negocios
ilícitos.
6. Los efectos socialmente más dañosos del problema de las drogas,
como por ejemplo la extrema violencia asociada a la apropiación y el control
del negocio ilegal así como la corrupción y descomposición de las instituciones
públicas, no surgen como efecto directo de los narcóticos sino de los fallidos
intentos represivos dirigidos a eliminar esos mercados ilícitos.
7. Una equívoca política de abordaje al fenómeno de las drogas genera
más problemas que soluciones; lo cual exige evaluar permanentemente los efectos
nocivos y las consecuencias no buscadas de la lucha contra los narcóticos. Al
hacerlo es fundamental examinar los costos y beneficios de la estrategia
vigente así como los de las opciones alternativas.
Propuestas
Con base en experiencias mundiales que ya se conocen y hasta tanto se
cuente con un diagnóstico integral como el mencionado, puede resultar
conveniente un debate más plural en torno a lo siguiente:
1. En la ecuación entre políticas de control de la oferta y políticas
de reducción de la demanda, las segundas son mucho más eficaces y menos
onerosas para hacer frente a la cuestión de las drogas. La Argentina ha tenido
por años una prioridad errada al dedicar masivamente más dinero para lo primero.
Nos parece esencial repensar el destino de los recursos públicos asignados a la
superación del fenómeno de las drogas, redireccionando el esfuerzo fiscal a la
prevención, la detección precoz y el tratamiento (desintoxicación, ambulatorio,
residencial, semiresidencial) de los usuarios problemáticos de drogas.
2. Ante la disyuntiva de involucrar a las fuerzas armadas en tareas
para las que no están profesional y doctrinariamente preparadas o mejorar los
sistemas de inteligencia criminal para identificar,
evaluar y eventualmente neutralizar el delito organizado, la segunda opción
resulta más ventajosa en términos funcionales y presupuestarios. La experiencia
de los países de la región que han apelado a las fuerzas militares para
enfrentar este problema, muestra una dudosa eficacia respecto al control de la
oferta de narcóticos, pero invariablemente han provocado un aumento en los
niveles de corrupción, violencia e irrespeto por los derechos humanos. La
Argentina, que supo construir con un amplio consenso pluripartidario una
taxativa diferenciación funcional en las responsabilidades de sus fuerzas
armadas y de las de seguridad, no debiera tentarse por los cantos de sirena que
estimulan la militarización del problema. Para tal fin, consideramos esencial
robustecer la capacidad anticipatoria y disuasiva del Estado en materia de
inteligencia criminal.
3. Frente al dilema de concentrarse
en los eslabones más débiles en la cadena de las drogas o aglutinar esfuerzos
institucionales para perseguir la criminalidad organizada, la segunda opción es
más compleja pero también más decisiva para minimizar los efectos del lucrativo
negocio de los narcóticos. Las autoridades, tanto en el nivel federal como
provincial, se han dedicado, sin mucho éxito a criminalizar a consumidores y
pequeños vendedores y contrabandistas (muchos de ellos gente pobre que ingiere
cápsulas). Nos parece esencial que la Argentina enfoque la mayor parte de su
política anti-drogas en la investigación y desarticulación de las grandes
bandas de narcotraficantes y en quienes les otorgan protección política y
policial; como también en los gerentes que utilizan la opacidad del sistema
financiero para lavar las ingentes ganancias de este negocio, producto de
niveles de rentabilidad que solo pueden explicarse por la ilegalidad misma de
estos mercados.
4. En cuanto a la encrucijada entre más sanciones y medidas orientadas
a combatir la sustancia misma—su uso, expendio y tráfico—y más acciones y
dotación para disminuir los niveles de violencia derivados de la condición de
ilicitud del fenómeno de las drogas, el segundo sendero es más promisorio para el
bienestar ciudadano y la relegitimación de las instituciones públicas. El país
se ha dedicado más a lo primero al tiempo que desde los noventa las
manifestaciones de violencia han venido ascendiendo gradualmente, afectando
principalmente a los sectores más desprotegidos y más vulnerables de la
sociedad. Nos parece esencial que haya una conciencia mayor entre los
dirigentes nacionales de que la reducción de la violencia no puede seguir
siendo un eslogan electoral y que no se puede avanzar en la generación de
confianza ciudadana sin una profunda reforma policial.
5. La ilicitud en la comercialización de determinado tipo de drogas y
la regulación normativa de otras son producto del derecho positivo y por tanto
pasibles de ser ajustadas en función de los costos y beneficios que pudiera
entrañar dicha regulación o prohibición. Los logros alcanzados en materia de
control, prevención y tratamiento en los mercados y en el consumo de alcohol y
nicotina, bien podrían alcanzarse en otras sustancias. En el mismo sentido, hay
experiencias no tan lejanas de los efectos deletéreos que tuvieron los conatos
de control de los mercados de comercialización de alcohol. Siempre resulta
bueno apelar a la experiencia internacional comparada para emular las buenas
prácticas y experiencias y para no repetir errores de terceros.
En síntesis, los abajo firmantes creemos que se presenta una
oportunidad inmejorable para que candidatos presidenciales y legislativos,
organizaciones no gubernamentales, funcionarios en actividad, representantes de
los tres poderes del Estado, sindicatos, científicos, empresarios, políticos,
académicos, comunicadores, jóvenes y ciudadanos en general discutamos con
franqueza y equilibrio las bases de una política pública innovadora y
democrática en materia de drogas.
AGUSTÍN COLOMBO
SIERRA, NICOLÁS COMINI, ENRIQUE DEL PERCIO, ALBERTO FOHRIG, ERNESTO LÓPEZ, JUAN
LÓPEZ CHORNE, PABLO MARTÍNEZ, JOSÉ PARADISO, RAÚL SÁNCHEZ ANTELO, LUIS
TIBILETTI, MARIA DE LA PAZ TIBILETTI, JUAN GABRIEL TOKATLIAN, JOSÉ MARÍA
VÁSQUEZ OCAMPO, LUIS ABAD, CLARA ABELENDA, VICTOR ABRAMOVICH, CARLOS ACUÑA, JUAN
MANUEL ALESSANDRO, ARIEL ARMONY, LEON CARLOS ARSLANIAN, LUIS AZNAR, RUBEN BAG, CELIA
BELMES, MARCELO BERGMAN, JORGE BERNETTI, MARIA DEL CARMEN BIANCHI, ALBERTO BINDER, DAVID BLAUSTEIN, MARTIN BOHMER, JOSÉ O. BORDÓN, SEBASTIAN BORRO, RODOLFO BRARDINELLI, PABLO BULCOURF, MARIO BURKUN, NANCY CALVO, JAZMÍN
CASTAÑO, FRANCO CASTIGLIONI, MARCELO CIARAMELLA, ANA CLEMENT, ROBERTO
"TITO" COSSA, GASTON CHILLIER, EDUARDO DE LA SERNA, KHATCHIK DERGHOUGASSIAN,
DANIEL DÍAZ, EDUARDO DVORKIN, ARNOLDO EDERLE, EDUARDO ESTEVEZ, ARTURO
FERNANDEZ, MARÍA BELÉN FERNÁNDEZ, SANTIAGO FERNANDEZ, JORGE FLORES, ENRIQUE
FONT, RUBEN FURMAN, CARLOS GABETTA, ROBERTO
GARGARELLA, NILDA GARRE, GUSTAVO GENÉ, MEMPO GIARDINELLI, ISIDORO GILBERT,
ANÍBAL GUTIÉRREZ, ANA JARAMILLO, EDUARDO JOZAMI, MARIO JULIANO, GABRIEL
KESSLER, FABIAN LAVALLEN, GERMAN LODOLA, ALEJANDRO LÓPEZ ACOTTO, CRISTINA LÓPEZ
MEYER, MARIO LOZANO, FORTUNATO MALLIMACI, CARLOS MENASSE, JUAN L. MÉREGA,
CAROLINA MERA, LUIS MORENO OCAMPO, ALEJANDRO MOSQUERA, LUIS OSLER, VICENTE
PALERMO, GUSTAVO PALMIERI, HERNAN PATIÑO MAYER, VERONICA PEREZ TAFFI, LUCIANA
POL, NATALIA PORTA LÓPEZ, ADRIANA PUIGGRÓS, CARLOS D. RESIO, BRIGIDA RINOLDI,
JESUS RODRIGUEZ, NICOLAS RODRIGUEZ GAMES, SILVINA ROMANO, JULIETA ROSTICA, JULIO
RUDMAN, MARCELO SAIN, BEATRIZ SARLO, PABLO
SCHAMBER, SYLVIA SCHULEIN, ANDRES SERBIN, ANDREI SERBIN PONT, GERMÁN SOPRANO,
HUGO SPINELLI, PABLO STEFANONI, HECTOR STUPENENGO, MIGUEL TALENTO, LUIS
TONELLI, GRACIELA TOUZE, HORACIO VERBITSKY, PEDRO VILLAGRA DELGADO, ALEJANDRO
VILLAR, MARINA VITELLI, JORGE WATTS.
